Según la PDH en Guatemala, la violencia contra las personas LGBTIQ+ ha sido recurrente, desde el año 2012 se ha informado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistente violencia contra este grupo, la falta de investigación, el subregistro de estos hechos violentos y las limitadas acciones en cuanto a prevención.
En esta publicación ofrecemos información y un conjunto de datos sobre los crímenes, delitos y faltas que se cometieron en Guatemala contra la población LGBTIQ+ entre el año 2016 y 2020 según información recogida del Ministerio Público en Guatemala; además se muestran los hallazgos significativos que reafirman las denuncias que atentan, disminuyen, restringen, vulneran y limitan de algún modo los derechos de este grupo.
Para poder representar este tema, analizamos 839 denuncias de delitos y agravios contra personas de la Comunidad LGBTIQ+ e identificamos 3 puntos clave al respecto.
Según los datos, aproximadamente 8 muertes anuales en promedio de la comunidad LGBTIQ+ se registraron en el período de enero de 2016 a julio de 2020.
La vulneración de los derechos hacia la comunidad LGBTIQ+ inicia desde los prejuicios hacia las personas por su apariencia y se consolida con actos que van desde violencia física hasta amenazas y homicidios por orientación sexual e identidad de género.
Más del 69% de las denuncias realizadas por la comunidad LGBTIQ+ (de los años 2016 al 2018), no han procedido a una investigación eficiente que permita en el menor tiempo brindar una resolución que resguarde la integridad humana y del derecho a la vida de los y las denunciantes, derivado de la ineficiencia en dichos procesos los esfuerzos que se realizan desde las organizaciones de sociedad civil para promocionar la denuncia pierden credibilidad.
De acuerdo a los datos sigue existiendo un desconocimiento en los términos ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’; La orientación sexual se define como la atracción física y emocional de una persona por otra, y la identidad de género es la identificación que cada persona tiene con su género.
El formulario para denuncias no es inclusivo para la comunidad LGBTIQ+, omitiendo datos como la orientación sexual y la identidad de género, por lo que es necesaria la reestructuración de estos a efecto de que se registre de forma adecuada el dato de la persona al momento de poner una denuncia.
Esto confirma la importancia del fortalecimiento de capacidades de las instituciones del Estado en temas de estigma, discriminación y diversidad sexual.
En Quetzaltenango la tendencia se mantiene en cuanto a los delitos más denunciados siendo estos los que atentan contra la vida, libertad, integridad y seguridad de la persona, representando un 72% del total de las denuncias en este departamento.
Además, destaca el hecho de que no es la cabecera departamental donde se concentran las denuncias, es el municipio de Cantel donde se interpusieron un 48% de las denuncias seguido por la cabecera departamental de Quetzaltenango con un 30% de los registros al respecto.
En cuanto a las personas que más denuncian también se mantiene la tendencia nacional donde 52% de las denuncias corresponden a personas 'trans' y 33% a personas 'gay'. Sigue siendo evidente la mala categorización, tomando en cuenta que las personas 'trans' están categorizadas como 'orientación sexual' y no como 'identidad de género'.
Los datos se obtuvieron, por medio de una solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio Público de Guatemala (MP), en donde se solicitaron los registros referentes a los agravios por delitos a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, registrados en el período de enero 2016 a julio 2020. Seguidamente se estructuraron y procesaron los datos a efecto de extraer de ellos la información a presentar en este portal, en donde destaca el conocer qué es lo que las personas de la comunidad denuncian, cuál es el perfil del denunciante según los registros y construir un breve análisis sobre la eficiencia del proceso, esto a nivel nacional y departamental.
1Que se impulse desde la sociedad civil y sectores del Estado iniciativas de Ley como la 5278, que pretendan prevenir y sancionar crímenes por prejuicio, permitiendo que las instituciones del Estado como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) puedan ejecutar políticas, planes y programas para erradicar y prevenir acciones de violencia contra poblaciones vulnerables.
2Al Ministerio Público (MP) y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) revisar detenidamente los procesos registro de datos; referentes a violencia contra comunidad LGBTIQ+ con el objetivo de que exista armonización en cuanto a la información recolectada.
3Que la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), atienda a su mandato de “velar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto a esta población” y recomiende a las instancias de justicia un seguimiento sobre las más de 133 denuncias realizadas por la comunidad LGBTIQ+ ante el Ministerio Público (MP) que se encuentran “en procesos de investigación” desde hace más de 3 años.
4Poner en práctica procesos de formación y sensibilización sobre orientación sexual e identidad de género para que los prestadores de servicios del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y otras instancias vinculadas al acceso a la justicia adapten los formularios de registro de denuncias físicas y virtuales, para que estos sean inclusivos con la comunidad LGBTIQ+.
5Que las instancias que reciben denuncias sistematicen la información en bases de datos abiertos, ya que esto disminuye las solicitudes que piden los ciudadanos, aumentando de esta forma la eficiencia del acceso a la información pública.