¡Abusos y
Vulneración

A los Derechos de la comunidad LGBTIQ+!

Según la PDH en Guatemala, la violencia contra las personas LGBTIQ+ ha sido recurrente, desde el año 2012 se ha informado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistente violencia contra este grupo, la falta de investigación, el subregistro de estos hechos violentos y las limitadas acciones en cuanto a prevención.

En esta publicación ofrecemos información y un conjunto de datos sobre los crímenes, delitos y faltas que se cometieron en Guatemala contra la población LGBTIQ+ entre el año 2016 y 2020 según información recogida del Ministerio Público en Guatemala; además se muestran los hallazgos significativos que reafirman las denuncias que atentan, disminuyen, restringen, vulneran y limitan de algún modo los derechos de este grupo.

Para poder representar este tema, analizamos 839 denuncias de delitos y agravios contra personas de la Comunidad LGBTIQ+ e identificamos 3 puntos clave al respecto.


¡No son Cuentos!
Existen abusos y vulneración
a los Derechos de la comunidad LGBTIQ+
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“Sufrí de abuso en los establecimientos educativos en donde cursé los grados de básico, mi seguridad hacia mi persona fue expuesta por todos mis compañeros ya que siempre que tenían la oportunidad me golpeaban en la cabeza y rostro, y al momento de contarles a mis maestros y directores, nunca abogaron por mí, es más me decían que me tenía que comportar y que no podían hacer nada al respecto por lo que fue un proceso muy difícil porque temía por mi vida e integridad dado a los insultos y golpes que me daban y sin ayuda de nadie, ningún maestro ni compañeros lograron hacer nada, pero gracias a la vida logré terminar mis estudios de básico pero con mucho esfuerzo, dolor emocional y físico”

Juan Ramón López Escobar, 33 años, Quetzaltenango, Quetzaltenango.

Son delitos contra la vida, integridad y seguridad de la persona.

De los denunciantes son personas 'gay'.

De los denunciantes son personas 'trans'.


Denuncias contra la libertad y seguridad de la persona.
Denuncias
por discriminación.
Denuncias por lesiones leves.
Denuncias
por violaciones.
Denuncias
por homicidios.
Denuncias
por asesinato.
La población LGBTIQ+ denunció de forma recurrente delitos contra la vida, integridad y seguridad de la persona en el período 2016-2020. Según los datos analizados un 74% de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP) principalmente por chic@s LGBTIQ+ ‘gay’ (35%) y ‘trans’ (26%) corresponden a esta categoría de delito, siendo las denuncias más recurrentes (50% del total) las relacionadas a amenzas, discriminación y lesiones leves. Además se denunciaron 32 violaciones, 28 homicidios y 8 asesinatos: una clara vulneración a los derechos humanos.

En relación a los datos de homicidios y asesinatos se solicitó la información al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), del detalle de estos registros, a lo cual respondieron que dentro del sistema no se cuenta con variables que permitan obtener información al respecto.

Según los datos, aproximadamente 8 muertes anuales en promedio de la comunidad LGBTIQ+ se registraron en el período de enero de 2016 a julio de 2020.

La vulneración de los derechos hacia la comunidad LGBTIQ+ inicia desde los prejuicios hacia las personas por su apariencia y se consolida con actos que van desde violencia física hasta amenazas y homicidios por orientación sexual e identidad de género.


¡No son Cuentos!
Los procesos relacionados al seguimiento
de la denuncia son extensos y pueden demorar años en resolverse.
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"Soy parte de la diversidad sexual y por apoyar a un joven que sufría de estigma y discrminacion llegaron a mi casa con amenazas de muerte y agresiones, me difamaron públicamente en una iglesia evangélica. Levanté así la denuncia en el Ministerio Público y lleva casi 2 años el proceso y no han resuelto todavía. En total he llevado 5 casos de la misma causa en los tribunales de justicia y no es fácil, quiénes administran justicia ni son indígenas y menos de la diversidad sexual. Desde mi punto de vista la justicia en este caso es cara, es lenta, selectiva y no es de nuestra idiosincrasia, está lejos de todo eso, seguiré siendo un actor social y un actor político y seguiré denunciando las injusticias que encontramos en este caminar diariamente”

Arcadio Salanic, 50 años, Cantel Quetzaltenango.
Denuncias
en estado de investigación.
Denuncias
con más de 3 años en investigación.
Denuncias
con más de 4 años en investigación.
Excluyendo los datos de las denuncias presentadas en los años 2019 y 2020; 133 denuncias estaban en estado de investigación al momento de realizar este análisis (18/9/2020), de ellas 67 superan los 3 años de investigación y 25 llevan 4 años siendo investigadas. Un aspecto clave para dicho proceso es el seguimiento que la víctima debe dar, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en este sentido también tiene un rol importante al prestar atención al acompañamiento del denunciante.

Otro tema importante al respecto es cómo en algunas fiscalías determinan la gravedad del ilícito penal que se denuncia y proceden a hacer la división, dependiendo del criterio que las fiscalías determinen considerando qué sí las denuncias son graves o con alto impacto social continúan el proceso de investigación en la fiscalía correspondiente, si son leves o moderadas se envían a Unidades de Decisiones Tempranas (UDT) para considerar si proceden o se archivan, y otras finalmente se analizan si procede un método alternativo para la resolución del conflicto conllevando no abrir una investigación y solicitar una medida desjudicializadora como un criterio de oportunidad.

Más del 69% de las denuncias realizadas por la comunidad LGBTIQ+ (de los años 2016 al 2018), no han procedido a una investigación eficiente que permita en el menor tiempo brindar una resolución que resguarde la integridad humana y del derecho a la vida de los y las denunciantes, derivado de la ineficiencia en dichos procesos los esfuerzos que se realizan desde las organizaciones de sociedad civil para promocionar la denuncia pierden credibilidad.

¡No son Cuentos!
Deficiencias en la captura de datos
al momento de denunciar aspectos relacionados a categorización del Sexo de la persona.
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“Cuando yo me acerqué al Ministerio Público eran las 10 de la mañana, por una discriminación que yo tuve y pues hice mi turno me recibieron y todo, al momento yo de llegar y pedirme mis datos me preguntaron si tenia sexualidad de mujer o de hombre y les digo que soy una mujer ellos me tomaron como un hombre yo ya vestia de mujer y teniendo mi transición de años no hasta ahora, para mi es muy indignante que no lleguen a entender o a definir un sexo y me trataron como hombre y yo le decía que era una mujer transexual y me dijeron que para ellos eso no existía y que les dijera mi verdadero nombre de hombre”

Jimena Barillas, 24 años, Quetzaltenango.

Datos registrados como N/A en identidad de género.

Datos mal consignados como orientación sexual.
La identidad de género y orientación sexual no están correctamente categorizada en el formulario de denuncia en línea del Ministerio Público (MP), ya que este al tomar datos directamente del Registro Nacional de las Personas (RENAP) únicamente obtiene datos de hombre o mujer, excluyendo de esta forma a personas 'trans'. Aún así se determinó que existe un 16% de datos registrados como N/A, en los cuales se presume que la denuncia fue tomada de forma presencial por un funcionario y no se registró la identidad.

Observamos también que los denunciates en un 26% del total de denuncias se identificaron como personas 'trans', sin embargo el término 'trans' no es una orientación sexual sino una identidad de género, aquí se reafirma la importancia del fortalecimiento de capacidades del personal encargado de tomar denuncias y de diseñar formularios para la captura de datos.

De acuerdo a los datos sigue existiendo un desconocimiento en los términos ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’; La orientación sexual se define como la atracción física y emocional de una persona por otra, y la identidad de género es la identificación que cada persona tiene con su género.

El formulario para denuncias no es inclusivo para la comunidad LGBTIQ+, omitiendo datos como la orientación sexual y la identidad de género, por lo que es necesaria la reestructuración de estos a efecto de que se registre de forma adecuada el dato de la persona al momento de poner una denuncia.

Esto confirma la importancia del fortalecimiento de capacidades de las instituciones del Estado en temas de estigma, discriminación y diversidad sexual.

El Caso
De Quetzaltenango.

Son delitos contra la vida, integridad y seguridad de la persona.

De las denuncias son del municipio de Cantel.

De las denuncias son del municipio de Quetzaltenango.
De los denunciantes son personas 'trans'
De los denunciantes son personas 'gay'

En Quetzaltenango la tendencia se mantiene en cuanto a los delitos más denunciados siendo estos los que atentan contra la vida, libertad, integridad y seguridad de la persona, representando un 72% del total de las denuncias en este departamento.

Además, destaca el hecho de que no es la cabecera departamental donde se concentran las denuncias, es el municipio de Cantel donde se interpusieron un 48% de las denuncias seguido por la cabecera departamental de Quetzaltenango con un 30% de los registros al respecto.

En cuanto a las personas que más denuncian también se mantiene la tendencia nacional donde 52% de las denuncias corresponden a personas 'trans' y 33% a personas 'gay'. Sigue siendo evidente la mala categorización, tomando en cuenta que las personas 'trans' están categorizadas como 'orientación sexual' y no como 'identidad de género'.

METODOLOGÍA
De Datos Abiertos.

Los datos se obtuvieron, por medio de una solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio Público de Guatemala (MP), en donde se solicitaron los registros referentes a los agravios por delitos a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, registrados en el período de enero 2016 a julio 2020. Seguidamente se estructuraron y procesaron los datos a efecto de extraer de ellos la información a presentar en este portal, en donde destaca el conocer qué es lo que las personas de la comunidad denuncian, cuál es el perfil del denunciante según los registros y construir un breve análisis sobre la eficiencia del proceso, esto a nivel nacional y departamental.









¡GAX ONG
Recomienda!

1Que se impulse desde la sociedad civil y sectores del Estado iniciativas de Ley como la 5278, que pretendan prevenir y sancionar crímenes por prejuicio, permitiendo que las instituciones del Estado como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) puedan ejecutar políticas, planes y programas para erradicar y prevenir acciones de violencia contra poblaciones vulnerables.

2Al Ministerio Público (MP) y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) revisar detenidamente los procesos registro de datos; referentes a violencia contra comunidad LGBTIQ+ con el objetivo de que exista armonización en cuanto a la información recolectada.

3Que la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), atienda a su mandato de “velar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto a esta población” y recomiende a las instancias de justicia un seguimiento sobre las más de 133 denuncias realizadas por la comunidad LGBTIQ+ ante el Ministerio Público (MP) que se encuentran “en procesos de investigación” desde hace más de 3 años.

4Poner en práctica procesos de formación y sensibilización sobre orientación sexual e identidad de género para que los prestadores de servicios del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y otras instancias vinculadas al acceso a la justicia adapten los formularios de registro de denuncias físicas y virtuales, para que estos sean inclusivos con la comunidad LGBTIQ+.

5Que las instancias que reciben denuncias sistematicen la información en bases de datos abiertos, ya que esto disminuye las solicitudes que piden los ciudadanos, aumentando de esta forma la eficiencia del acceso a la información pública.